Neuquén se moderniza en represión y persecución

Criminalización de la protesta

"Neuquén continúa de esta manera con la triste y nefasta historia de represión y judicialización de la protesta social. Los encargados de realizar estas “tareas” son miembros de las Fuerzas Especiales” que se encuentran expresamente prohibidas por la Constitución Provincial y que fuera oportunamente denunciada por la CTA Neuquén. De ello no se encargó ningún fiscal.

El artículo 73 de la Constitución Provincial dice lo siguiente: “No podrán crearse organizaciones o secciones policiales especiales de tipo represivo…”

La burla llega al extremo en las declaraciones del Secretario de Estado de Seguridad, Guillermo Pellini quién expresa que “con estas acciones se pretende garantizar los derechos constitucionales individuales y colectivos, muchas veces básicos, de los trabajadores, estudiantes y vecinos que se ven afectados por este tipo de ilícitos".

Entendemos que los derechos básicos de los trabajadores, estudiantes y vecinos se logran, en el marco de una democracia, con acciones de gobierno que permitan a la población gozar de lo que la constitución les garantiza y no obligue a la protesta por la paupérrima situación que se vive en Neuquén en cuanto a salarios, salud, educación, viviendas, entre otros tantos temas descuidados y desatendidos.

Fiscales como Tribug deberían estar preocupados por la cantidad de denuncias contra funcionarios del gobierno neuquino que se practican cotidianamente y que pasan desapercibidas para la justicia, cuando estos hechos permanentes de corrupción tienen cercanía profunda con el poder.

Los neuquinos y el país pudimos ver a una expresión de esos grupos “especiales” en la figura de Poblete, condenado a cadena perpetua por el fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba. A esas personas el gobierno provincial primero las recluta, las entrena y concentra, para que llegado el momento salgan a reprimir con saña y alevosía a los ciudadanos que ejercen el derecho constitucional de reclamar en la vía pública. Poblete no fue un caso aislado de un policía de mano dura, sino un miembro de un grupo especial, preparado para ello.

El artículo 73 de la Constitución es claro y no deja lugar a dudas para interpretaciones, La GEOP, la DESPO y cualquier otra que fuerza policial represiva que fotografíe y filme a manifestantes debieran ser inmediatamente desmanteladas. Esperamos que la justicia neuquina tome cartas y haga cumplir nuestra Constitución", finaliza la declaración firmada por Carlos Quintriqueo y Diego Urretabizcaya, secretario General y de Comunicación y Difusión de la Central neuquina.